“¿Doctor, me escucha?”, dijo la secretaria Julieta Molé a las 10.03. Del otro lado de la conexión, una voz femenina exclamó “¡ahí está!” y, a continuación, Enrique Pedicone, el juez de Impugnación de la capital (con licencia) y denunciante del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, manifestó: “hola, ¿me escucha a mí? Yo muy bien a usted”. Con estas palabras comenzó el acto virtual ante la fiscala Mariana Rivadeneira donde Pedicone ratificó su acusación del 1 de septiembre; puso a disposición las grabaciones encubiertas y la polémica acta manuscrita del secretario Fernando Valladares, y planteó que este conflicto no podía ser tramitado por escrito y en secreto. Pedicone ofreció dos caminos: 1) la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (2016), o 2) la del artículo 17 de ese cuerpo que está vigente también para el viejo Código de 1991 y autoriza a acordar, a instancias del tribunal o de las partes, el procedimiento más adecuado que privilegie los fines de la simplicidad; la abreviación; la garantía del debido procesal y del juicio público oral.

El acto dejó en evidencia que la disputa girará alrededor de las reglas de sustanciación de la denuncia. Rivadeneira ha de resolver si suspende los plazos, y traslada a Leiva la propuesta de apertura y oralidad, como le requirió Pedicone, o si directamente se ciñe al viejo Código de 1991, y resuelve si pide o no la apertura de la investigación jurisdiccional escrita. En el caso positivo, debería mandar las actuaciones a uno de los dos jueces de Instrucción del esquema de conclusión de procesos, Raúl Cardozo o Francisco Pisa. Como el primero tramitó el caso del legislador Ricardo Bussi involucrado en la denuncia de Pedicone, el caso podría quedar en manos de Pisa.

El denunciante enfatizó que la suerte del proceso estaba dada por la opción entre secretismo u oralidad. “Vamos a ordenarnos: veo que usted viene decretando con el viejo Código, ¿verdad?”, planteó a Rivadeneira. La fiscala respondió: “sí, es verdad”. Pedicone, entonces, leyó el artículo 17 y dio por hecho que con Rivadeneira no se iban a poner de acuerdo: “usted quiere las reglas escritas, secretas y cerradas hacia la sociedad, yo, lo contrario. Le pido, entonces, que tenga en cuenta el artículo 17, que vale para cualquiera de los dos códigos”.

Ocurre que la Ley 8.934 de implementación de la reforma puso en vigor los artículos 1 al 18, 27 al 34 y 82 y 86 del nuevo Código hace tres años. “Yo soy parte y pretendo hacer valer la disposición 17. Quiero que usted cite al denunciado Leiva y a su abogado Esteban Jerez para ver si se avienen, sobre todo en el entendimiento del strepitus fori (escándalo jurídico) que ha provocado mi denuncia. El bien protegido es nada más ni nada menos que la correcta administración de justicia a partir del desempeño independiente de los jueces y de la objetividad de los fiscales. El denunciado hizo tabla rasa con ello”, opinó.

En un hecho nunca visto para un paso procesal de este tipo, la videconferencia por Zoom convocó a más de 100 asistentes. Tanta gente quiso observar este acontecimiento judicial que la fiscala en un punto prohibió la admisión de nuevos ingresantes, lo que produjo un chisporroteo con Pedicone, quien exigió la más amplia difusión. No todos entraron a la sala virtual para ver en acción al magistrado: después de años del más bajo perfil, Rivadeneira este miércoles actualizó su foto pública (se informa por separado).

“Usted no puede escapar al strepitus fori. El artículo 17 viene a ser un puente entre el viejo y el nuevo Código. Los abogados del fuero penal y usted misma saben que Leiva con su relator Andrés Garmendia cuasi exigían a los jueces y fiscales la implementación de la reforma. El denunciado lo tomó como una bandera”, reflexionó el juez. Pedicone reiteró que todos conocían el interés de Leiva por esto y, por ello, “resultaba extraño que se amparara en el viejo Código”: “es escrito, limitado y nunca sacó a la luz una denuncia como la que yo he interpuesto”.

Acostumbrado a ser él quien conduce las audiencias, Pedicone marcó los tiempos, tanto que las preguntas de rigor sobre los datos personales quedaron para el final. Después de plantear la cuestión del artículo 17, describió las pruebas del supuesto encuentro con Leiva donde este le habría pedido, en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que manejara las intensidades del proceso por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias de Bussi. “Me preocupa la cadena de custodia. Por eso el martes he procedido a depositar las pruebas ante la escribana María Cecilia Aragón, titular del Registro Notarial N°100”, comentó. Pedicone insistió a Rivadeneira que él exigía garantías de una pesquisa transparente y pública, y que, si era necesario, iba a ir a buscarlas en la Corte y en organismos internacionales de derechos humanos. Pese a la asperezas, al final el juez mandó saludos para la fiscala, la secretaria y todos, y dijo que se había sentido muy cómodo.